Editorial

08/05/2026 Actualizado a las 20:06h.

La muerte de otros dos agentes de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico, a 80 millas de la costa de Huelva, no permite al Gobierno más aplazamientos en las decisiones urgentes que debe tomar para frenar esta delincuencia, cada día más organizada y violenta. Los fallecimientos se produjeron por el choque de dos patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían a una narcolancha. El debate, inacabado, comenzó en febrero de 2024 tras el asesinato de dos agentes atropellados por una narcolancha. La reactivación del narcotráfico en las costas del sur de España coincide con el desmantelamiento de OCON-Sur (Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico), decidido por Grande-Marlaska en septiembre de 2022. La eficacia de este dispositivo, desplegado en la zona más activa del narco, permitió operaciones de gran éxito, con la incautación de 1.400 toneladas de droga y el desmantelamiento de redes cuyos líderes fueron encarcelados. Desde su disolución, cayeron las incautaciones, el número de detenidos y las causas judiciales. Son datos estadísticos y quejas de la Fiscalía Antidroga de Andalucía. No son bulos.

Los dos agentes muertos en Barbate hace más de dos años no han sido suficiente acicate para reactivar el OCON-Sur u otra fórmula similar que despliegue una fuerza de élite, homogénea y con mando unificado, conocedora del terreno, de las redes y de sus dirigentes, y con reglas contundentes para responder a las agresiones. Los miembros de estos carteles se han vuelto más violentos, con el uso nada disimulado de armas de guerra, como se vio en el tiroteo a un helicóptero de la Guardia Civil sobre el Guadalquivir el pasado febrero. Además, los nuevos pilotos de narcolanchas son más temerarios y agresivos, y no dudan en embestir las embarcaciones de los agentes.

Es evidente que los narcos de la zona de La Línea y la desembocadura del Guadalquivir quieren controlar sus territorios, lo que supondría un salto cualitativo muy grave en la evolución de esta delincuencia organizada. Pasar de la clandestinidad a la territorialidad es algo que ya ocurre en algunos barrios de urbes europeas, con consecuencias nefastas no solo para la seguridad ciudadana, sino también para la plena vigencia y autoridad del Estado.

Resulta necesario dotar al Estado de una presencia de élite y constante en estas zonas, ir abiertamente a la derrota del narco, lo que requerirá inversiones y políticas sociales, y plantearse seriamente una reforma legal que traslade estos casos a los juzgados centrales de la Audiencia Nacional, idóneos para sacar a los dirigentes de su zona de confort. Y, por supuesto, dotar a la Guardia Civil de medios superiores a los del narco, visto que el Gobierno maneja con soltura miles de millones en defensa sin pasar por el Parlamento. También las Fuerzas de Seguridad son una infraestructura crítica del Estado para mantenerlo en pleno ejercicio de su soberanía en cualquier parte del territorio nacional.